'Aspiramos a un acuerdo con el Presidente': Mauricio Fajardo

Presidente del Consejo de Estado dice que las cortes no irán prevenidas al encuentro con Santos.
Foto: El Tiempo
Domingo 12 de Junio del 2011

El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, plantea la posibilidad de que la cumbre del presidente Santos, el martes próximo, con el presidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, y con él mismo, para estudiar dos fallos que alborotaron las relaciones entre los dos poderes, se convierta en un "histórico encuentro, que contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad".

La cumbre fue precipitada por el fallo de la Corte que declaró ilegales las pruebas del computador de 'Raúl Reyes', y por el del Consejo de Estado que condenó a la Nación por el asalto a la base de Las Delicias.
Fajardo es abogado de la Javeriana, con especialización en ciencias socioeconómicas; tiene una maestría en derecho en el Rosario y es candidato a doctor en derecho, en el Externado. Antes de llegar al Consejo de Estado, fue procurador delegado para las Fuerzas Militares.
¿Cuál fue el origen del fallo contra el Estado por Las Delicias?
Pruebas sólidas y contundentes de muchas y múltiples fallas en las cuales incurrió el Ejército, que permitieron el ataque a la base militar. Eso determina que la Nación tenga que indemnizar los daños antijurídicos.
El Presidente ha mostrado preocupación por el impacto que ese fallo pueda tener en el comportamiento de los militares al combatir a la guerrilla...
La Constitución consagra que Colombia es un Estado responsable y, por ende, debe asumir la reparación de los daños antijurídicos que le sean imputables por acciones u omisiones de sus agentes. En este caso está claro, con pruebas que provienen de las propias Fuerzas Militares, que se cometieron muchos errores: no se hicieron patrullajes en el perímetro de la base militar, ni prácticas que ordenan manuales para enfrentar ataques como el que se produjo. No se tenían alarmas tempranas, ni trampas de luz; las armas no estaban en buenas condiciones y por eso fallaron durante el combate. La ubicación de la base militar no se estudió estratégicamente. El comportamiento de los militares no se ajustó a los reglamentos.
¿No ponen ustedes en riesgo la misión de combatir a la guerrilla?
De ninguna manera. Lo que se ha reiterado es que esas misiones deben cumplirse con previsión y diligencia. Si se examina el fallo con detenimiento, se advierte, contrario a lo que dicen los cuestionamientos, que se encamina a proteger a los militares de daños ocasionados por razón de mala dirección, de operación defectuosa, de falta de supervisión, de inexistencia de planeación; nada de lo cual puede quedar impune en el marco jurídico de nuestro Estado Social y de Derecho, máxime si se tiene presente que el ordenamiento vigente es fundamento de la existencia de unas Fuerzas Militares profesionalmente organizadas.
El fallo que acaban de dictar es doctrina. Eso es lo que condujo al presidente Santos a expresar su preocupación, ¿no le parece?
Lo que no podría de ninguna manera concebirse es un Estado irresponsable. En modo alguno puede aceptarse como justificación la negligencia o la falta de preparación de las tropas.
¿Pero no es grave la puerta que ustedes abrieron?
El nuestro es un Estado responsable y por ello debe actuar bien. La Constitución, las leyes y los manuales militares deben cumplirse a cabalidad.
¿No se abre la puerta a miles de demandas?
Esta decisión no abrió puerta nueva alguna. Desde hace muchos años se han proferido fallos y se ha consolidado una jurisprudencia que las entidades públicas conocen. Por eso resulta sorprendente que ahora se extrañen frente a sentencias que condenan las actuaciones indebidas, negligentes. En ese sentido también debe registrarse que en muchos otros casos los jueces exoneran de responsabilidad a las entidades demandadas, cuando sus decisiones se han ajustado a las normas.
¿Con base en el fallo de Las Delicias, todo ataque contra la Fuerza Pública, con víctimas, es demandable?
No es posible admitir una conclusión tan genérica; ya se han proferido decisiones sobre responsabilidad del Estado por daños antijurídicos generados en hechos relacionados con tomas guerrilleras, como por los casos de Pasca, Algeciras, Miraflores, Mesetas, e incluso en la toma de La Calera. No hay lugar a responsabilizar al Estado de manera absoluta por todo daño. El Estado no es omnipresente ni omnipotente y sus recursos son limitados. No es posible exigirle que responda por daños a terceros, cuando esas actuaciones resultan sorpresivas. La conclusión no puede ser la misma si se verifica que las autoridades, a pesar de haber tenido noticia sobre la eventual ocurrencia de un hecho dañoso, no adoptaron medidas, no hicieron labores de Inteligencia, ni cumplieron con los manuales.
¿Y, en el caso de Las Delicias, los militares estaban avisados de la toma guerrillera?
Con base en las pruebas del expediente, se recibieron informaciones previas de que las Farc preparaban un ataque, y lamentablemente no se hizo nada para prevenir esos hechos.
¿Eso fue lo que produjo el fallo?
Le voy a contar para que se aterre: obra en el expediente que, en su momento, la Procuraduría sancionó con destitución de las Fuerzas Militares, tanto al general de Infantería de Marina que era comandante del Comando Unificado del Sur (CUS) como al coronel que dirigía el Batallón de Selva No. 49, al cual estaba adscrita la base. Entre otras razones, porque, semanas antes del ataque, les llegó información sobre las debilidades de defensa de la base, y ninguno se tomó el trabajo de inspeccionar y dar directrices para corregir deficiencias. Asómbrese: el jefe del CUS obtuvo autorización para ir a Brasil a cumplir algunas actividades a partir del 3 de septiembre de 1996, pero cuando ocurrió el ataque, el 30 de agosto, ya se había ido aunque para esa fecha no tenía autorización.
¿Pero este caso no es absolutamente excepcional?
Ojalá lo sea. Infortunadamente se han dado casos parecidos, aunque no corresponden a la regla general.
Pocos asaltos han sido tan anunciados como la toma del Palacio de Justicia...
En ese caso, el Consejo de Estado profirió condenas contra el Estado, porque también estableció responsabilidad de las entidades públicas demandadas.
¿Cree, entonces, que razón tenía Íngrid Betancourt cuando anunció que iba a demandar al Estado?
Su pregunta es especulativa y no la puedo responder.
¿Y casos como el de Abad Gómez, padre de Héctor Abad Faciolince, el periodista Orlando Sierra, Manuel Cepeda y tantas otras muertes anunciadas?
En el caso del senador Cepeda, ya el Consejo de Estado condenó a la Administración Pública a responder e indemnizar. En el caso de Abad, me estremeció el relato de su hijo en El olvido que seremos, pero no recuerdo que ese asunto se haya puesto en conocimiento de lo Contencioso Administrativo, como tampoco que en el libro se registrara alguna denuncia o solicitud de protección.
¿Por qué se condena a la Nación por un delito de las Farc?
El Consejo de Estado no ha desconocido que el ataque fue de las Farc. Se condena a la Nación por las fallas en las que incurrió y que permitieron el asalto. Déjeme destacar el hecho de que el único elemento nuevo de esta sentencia radica en la orden que se impartió a la Nación para que acuda ante los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y les solicite que investiguen las violaciones de las Farc a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Santos dijo que el fallo del Consejo podía desmoralizar a la Fuerza Pública.
Y nosotros creemos que no. Lo que aquí se está reprochando es una actuación indebida, que las propias Fuerzas Militares verificaron. De ninguna manera se pretende que oculten sus errores, y menos que la moral de sus tropas se apoye en actuaciones negligentes.
La ley señala que cuando el Estado es condenado por actuación dolosa o culposa, quien debe pagar con su patrimonio es el responsable y no el Estado...
El Ministerio de Defensa tiene abiertas las posibilidades judiciales para formular demanda de repetición contra quienes dieron lugar a la condena.
El presidente Santos hizo un llamado a las cortes a la ponderación de sus fallos...
El país cuenta con la ponderación de sus jueces, y en particular de quienes integramos lo Contencioso Administrativo. En nuestros fallos procedemos con ponderación, con un análisis riguroso de las pruebas.
¿Esta controversia supone un agrietamiento de las relaciones?
Es que no hay controversia; mucho menos agrietamiento. Las inquietudes del Presidente fueron en un marco de respeto y ha puesto sobre la mesa algunos temas genéricos, alrededor de los cuales deben girar las reflexiones. El Consejo de Estado no discute sus fallos, y por eso no hay controversia.
Entonces, con todo respeto, ¿para qué van a Palacio a la cumbre del martes?
A conversar acerca de diversas cuestiones que institucionalmente nos interesan. Son importantes los diálogos entre las instituciones del poder público.
No los va a sorprender Santos cuando les hable de ponderación.
No. Y supongo que tampoco deberá él sorprenderse por las respuestas que debamos dar.
Es decir, ¿la reunión no supone revisión del fallo?
No nos es posible revisar el fallo ni modificarlo.
Pero hay muchos casos en que las cortes revisan su doctrina.
La jurisprudencia no es inmodificable. Solo cuando existen elementos serios, válidos, determinantes para modificarla, hay lugar a cambiarla.
Si Santos aporta argumentos serios y válidos, como dice usted, ¿el Consejo de Estado estaría dispuesto a revisar la doctrina?
Desde un plano académico, siempre estamos abiertos a revisar propuestas y a examinar nuestras propias tesis.
¿Las cortes no van a ir a Palacio con los oídos cerrados?
De ninguna manera. Esperamos también encontrar receptividad y oídos abiertos en el Presidente y su gobierno para escuchar lo que tengamos que decir sobre los temas que se planteen en esta relación institucional.
¿Y qué tienen que decir?
Muchas cosas: reformas que se han anunciado a la Constitución en materia de cambios a la justicia, y procurar un consenso para una propuesta única.Otro tema: la situación de abandono de la Rama Judicial en cuanto a recursos. El mismo Presidente ha hablado de lo vergonzoso que resulta tener una justicia atrasada y congestionada. La Rama Judicial debe dejar de ser la cenicienta del Estado.
¿La cumbre del martes podría ser un encuentro histórico para llegar a acuerdos sobre muchas cosas?
Aspiramos a que sea así. Estamos dispuestos a escuchar. No vamos prevenidos y esperamos que no haya prevención. Queremos un diálogo constructivo que fortalezca a la institucionalidad, respetando la autonomía de cada rama del poder público.
YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO