Guerra total a la corrupción, anuncia el nuevo Procurador

Con el exministro liberal Fernando Carrillo al frente de la Procuraduría General, es claro que comenzará una nueva era en el Ministerio Público. Anuncia guerra total contra la corrupción, apoyo al acuerdo de paz y creación de unidades de solución inmediata a problemas de derechos humanos.

"Hay que convertir la Procuraduría en un baluarte de lucha contra la corrupción", dice, y llama la atención del sector privado sobre su participación en las campañas políticas. Propone que la financiación privada de esas campañas sea pública. Denuncia que "todo el Estado, en todos sus niveles, ha sido penetrado por la corrupción".

Carrillo es exministro de Justicia y del Interior, exembajador en España y exdirector de la Agencia Jurídica de Defensa de la Nación. Este abogado-economista de la Universidad Javeriana -con tesis 'suma cum laude'-, coautor de la 'séptima papeleta' que dio origen a la Constitución del 91, atribuye su virtual aclamación en el Senado a que en la Procuraduría tienen que caber todas las fuerzas políticas y los sectores sociales.

"El Senado me entregó un mandato muy claro y amplio que no está hipotecado a ningún sector político. La ventaja de ser Procurador con ese consenso es que permite actuar en función del interés general y no del particular de un partido o de unos pocos partidos, porque rebasamos incluso a la propia Unidad Nacional. Voy a representar los intereses de toda la sociedad. El peor pecado que se puede cometer es darle a la Procuraduría una función de defensa o de persecución partidista".

La Procuraduría estaba en manos del Partido Conservador y la perdió. Queda en manos del Partido Liberal. ¿Debe tener el conservatismo alguna preocupación?

Lo único que les debe preocupar a todos los partidos es tener corruptos en sus filas. Hay que convertir a la Procuraduría en baluarte ético de la lucha contra la corrupción. Que tiemblen quienes están incurriendo en conductas contra la integridad y el ejercicio probo de la función pública. Los corruptos son quienes van a pasar un mal rato en mis cuatro años de gestión.

¿Qué va a hacer contra la corrupción?

Disponemos de muchas herramientas nacionales e internacionales. Hay que acabar con los sobornos, el tráfico de influencias, las conductas que atentan contra el buen funcionamiento de la administración pública. La Procuraduría tiene que ser un organismo totalmente autónomo frente a los poderes públicos. El nuevo Código Disciplinario insiste mucho en la colaboración a través de la denuncia ciudadana. Debemos articular en una sola dirección el trabajo con la Fiscalía y la Contraloría.

En la corrupción hay quien pide, pero también quien da...

Sí, la visión tradicional de la corrupción era solo referida al sector público, y resulta que el sector privado promueve la corrupción. La clave de las fallas tiene que ver con el financiamiento de la política; es como la cuadratura del círculo. ¿Por qué ninguna regulación ha funcionado? Los países europeos tienen financiamiento público y en Estados Unidos hay mucho financiamiento privado. En América Latina hay financiamiento mixto, pero realmente el origen de todos los problemas con la corrupción, de la contratación y del pago de favores tiene que ver con cómo se financian las campañas y cómo se paga después ese financiamiento. Esa es una tarea por hacer y una legislación que hay que expedir.

¿Legislación para proponer qué?

Por un lado, el tema de financiamiento público es fundamental. Por otro, se necesitan controles. Debemos dotar de instrumentos sancionatorios a la autoridad electoral como ocurre en otros países, en donde hay verdaderos tribunales electorales que vigilan el financiamiento de la política y hay sanciones efectivas.

Pero hoy rige la financiación pública de la política...

Claro, pero hay figuras con el financiamiento en especie de actividades de las campañas que escapan a los controles. Un punto fundamental es el papel del sector privado en el financiamiento de las campañas. Eso nunca ha sido abordado. Es, como dice el proverbio caribeño, "el que paga la fiesta pone la música". El sector privado tiene responsabilidades también a la hora de ese financiamiento.

Es decir, ¿usted cree que gran parte de la culpa de la corrupción que hay en Colombia es la financiación del sector privado de campañas políticas?

Del financiamiento en general, pero con un rol específico del sector privado, porque nadie sabe quién financia las campañas y no se derivan responsabilidades de financiamiento de las mismas. Eso debe estar a la luz del día y quedar en total transparencia.

¿Para lograr qué?

Que la financiación privada de las campañas sea pública, para que la gente sepa quién aportó y, como resultado de eso, que quien financie sea consecuente con las responsabilidades que asume y se margine de contrataciones cuando el favorecido tenga poder.

Pero eso es todo un carrusel. ¿Cómo lo combatirá?

Hay que hacer un gran debate sobre el financiamiento de la política y las campañas. Hay muchos organismos internacionales que están en eso, particularmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). El famoso club de países desarrollados, al que Colombia va a entrar, tiene establecidos ya unos estándares. Se deben tomar decisiones en esa materia.

¿Tan responsable de la corrupción es el sector público como el privado?

Claro que hay una participación grande del sector privado y sí vale la pena pensar en que este asuma las responsabilidades y la consecuencia de estar metido dentro del espacio público, porque resulta que lo público no es solo el Estado; lo público es el ejercicio del interés público.

(Además: Las conquistas que tendrá que liderar el nuevo Procurador)

¿Y hasta dónde los organismos de la clase política -Congreso, asambleas, concejos, alcaldes- están comprometidos con la corrupción?

Todo el Estado, en todos sus niveles, está penetrado por la corrupción, pero la corrupción en lo local es más crítica por las debilidades de la justicia en ese nivel. Por eso he venido insistiendo hace mucho tiempo en que el sector justicia no requiere de grandes modificaciones de la arquitectura constitucional. Eso ya lo hicimos en el 91 y la mayoría de las cosas salieron bien y otras no tanto, como el Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, es claro que el gran desafío de la justicia -y aquí incorporo el papel de la Procuraduría, aunque no es órgano judicial- es mostrar resultados a nivel local. Aquí, la gran falencia está ahí; es el acceso a la justicia en esa otra Colombia donde el Estado no existe. Con ese ejército de procuradores que hay -son más de 4.000 funcionarios-, podríamos reasignar funciones.

¿Con qué objetivo?

Por ejemplo, tener procuradores con presencia territorial; tenerlos con las botas puestas en el terreno, tratando de acompañar, controlar y vigilar todas las políticas públicas.

¿Habla de otra reforma?

No la necesitamos; necesitamos es voluntad y reajustes dentro de la institución, para el cumplimiento su misión. Hay que comenzar a nivel local, donde la justicia es más débil y la presencia estatal es frágil.

¿Por qué dice que la corrupción penetró al Estado?

Porque se han cooptado muchas instancias públicas, y eso es dramático. La lucha contra la corrupción es casi un acto de heroísmo. Por eso, sobre el señor gobernador encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez, que está en una cruzada contra la corrupción, se plantea si es un héroe o un loco, y nadie piensa que está cumpliendo con su obligación institucional. Y es la de él y la de todos los ciudadanos.

En su discurso en el Senado planteó lo que serán los ejes de su gestión: lucha contra la corrupción y apoyo a la paz. ¿Cómo proyecta vigilar la implementación del acuerdo de paz?

Hoy la gran preocupación es cómo vamos a lograr ese nuevo acuerdo. Lo que hay que hacer es que los equipos de trabajo del 'Sí' y del 'No' se sienten con la camisa remangada hasta que lo terminen.

La más grande divergencia ronda en torno a la justicia transicional. En su opinión, ¿debe haberla?

Hay propuestas para mitigar esa sensación de impunidad que está dentro de la propuesta de justicia transicional. Las Farc no se sentaron en una mesa de negociación para ir a una cárcel con barrotes. Eso es evidente. No desisto de la opción de una convergencia sobre algún mecanismo de sanción que pueda convencer y satisfacer las preocupaciones que en materia de impunidad tienen los del 'No' frente a las aspiraciones que tienen los del 'Sí' desde el punto de vista de que haya una solución concreta que permita aplicar la justicia transicional.

Un hecho que sorprendió su elección es que logró poner de acuerdo al santismo y al uribismo. ¿Usted podría ser como una especie de puente entre el 'Sí' y el 'No' para llegar a un acuerdo?

Ojalá. El país está pidiendo paz, concordia y unidad. El perdón y la reconciliación son fundamentales. Hay tres verbos que serían la clave para llegar a ese acuerdo: uno, cumplir la palabra; otro, perdonar y el tercero, reconciliar. Las nuevas formas de justicia tienen que ver por ejemplo con la justicia restaurativa, y esta es un elemento de la justicia transicional.

¿La mayor discrepancia entre el 'Sí' y el 'No' es esa?

Uno de los factores de discrepancia es el grado supuestamente de impunidad que hay que otorgar; es de nuevo la balanza de la justicia y la paz: cuánto ceder de justicia para que haya paz y viceversa. Imponer una solución no es el camino. Por eso insisto tanto en que se trate de llegar a una solución de carácter técnico, jurídico, en donde se pueda sostener que no hay impunidad y que hay instrumentos de justicia para aplicar.

(También: Gobierno y los del 'No' logran avances en ajustes al Acuerdo Final)

¿Usted va a cambiar la filosofía de la Procuraduría?

Tengo una visión diferente de lo que es su función. Es fundamental que sea incluyente. Voy a crear un consejo asesor consultivo de la sociedad civil alrededor del Procurador, donde estén representadas todas las minorías, para defender sus derechos.

¿Qué le pareció la gestión de su antecesor, Alejandro Ordóñez?

No tengo espejo retrovisor y no me interesa entrar en controversia con el pasado sino mirar hacia adelante. Tengo otra dimensión y otra perspectiva de lo que debe ser el ejercicio de la Procuraduría. No quiero mirar hacia atrás sino reiterar que llevo 25 años defendiendo los postulados de la Constitución de 1991.

¿Usted es partidario de que la mujer tenga derecho a abortar cuando reúna las condiciones que fija la Constitución?

Hay que respetar las decisiones de nuestro tribunal constitucional.

¿No habrá circulares suyas en el sentido de que el aborto es un asesinato?

Voy a respetar la decisión de la Corte Constitucional.

¿Tienen los homosexuales derecho a ser pareja?

La Corte ya falló y voy respetar también su decisión.

¿Tienen derecho las parejas gais a adoptar?

La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto y eso lo respeto.

Es decir, ¿eso está bien?

Las decisiones de la Corte debo respetarlas, no voy a controvertirlas. La Carta prevé un principio de igualdad que es el principio que hay que mantener.

¿Una cosa clara es que usted será defensor de los derechos de las minorías?

Por supuesto. Por eso estoy hablando de una Procuraduría incluyente.

Usted dijo ante el Senado que hay que evitar que la Procuraduría tenga un manejo político y reconstruir la confianza en ella...

Sí. Hay que reconstruir la confianza en la Procuraduría como en todas las instituciones de la justicia. El problema más grave de la justicia es la desconfianza y la falta de legitimidad. La primera tarea -que es un poco lo que he trabajado en los últimos 30 años- es la recuperación de la legitimidad y la dignidad de la justicia y la defensa de los derechos de los colombianos.

¿Eso coincide con la política de su antecesor?

Tengo otra dimensión y otra forma de ver las cosas porque pertenezco a la generación de la defensa de la Constitución del 91.

Es decir: ¿va a haber una nueva Procuraduría?

Claro que sí.

¿Qué tiene en la mente?

Vamos a crear unas unidades de reacción inmediata en la Procuraduría. En coordinación con la Fiscalía, estarán en los territorios cuando la población exija la presencia del Estado. Esa es una estrategia que debe funcionar, por ejemplo, en La Guajira y Chocó, donde la corrupción campea. La gran paradoja de Colombia es que no hay Estado, y precisamente donde no hay Estado es donde hay más corrupción. Esas zonas, según muchos, suman el 30 o 35 por ciento del territorio nacional.

¿Cómo serían esas unidades?

Serían compuestas por procuradores con la misión específica de solucionarles problemas de manera inmediata a quienes les están vulnerando los derechos. Es reasignar funciones sin aumento de burocracia.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO