'Hay fuerzas capaces de arrodillar al Estado': Contralora General

La contralora general, Sandra Morelli, denuncia la existencia de fuerzas paralelas al Estado "con capacidad de arrodillarlo" en materia de contrataciones.

Revela escandalosas cifras sobre lo que se ha perdido por contrataciones mal hechas, por adiciones a contratos (10 billones de pesos, el año pasado), por uso de vigencias futuras (más de 55 billones de pesos), por deficiencia en la contratación pública. Hechos ocurridos fundamentalmente hace tres años.

Revela que al grupo Nule le adjudicaron contratos por más de 1 billón de pesos, pero asegura que confía en que todo el dinero en riesgo (unos 300.000 millones de pesos en anticipos) no se perderá por los cuantiosos bienes y cuentas corrientes que les han congelado en el exterior. La Contralora, abogada del Externado, con tesis summa cum laude, obtuvo becas como la mejor estudiante para realizar posgrados en las universidades de Bologna y La Sorbona.

¿Qué es lo que más la ha sorprendido en estos siete meses como Contralora?

La relatividad del ordenamiento jurídico. Las normas se acatan pero no se cumplen. Eso pasa en la contratación pública. Ese régimen no siempre se aplica igual para todo el mundo. En general, la creencia popular de que aquí solamente se mete a la cárcel al ladrón de gallinas, es cierta. Pareciera haber fuerzas paralelas al Estado, con capacidad de arrodillarlo y hacer que la ley se torne relativa, que tenga muchas interpretaciones y que se pueda afectar el interés público y beneficiar, sin justa causa, al particular.

¿Cuáles son esas "fuerzas paralelas"?

Fuerzas económicas, políticas, fuerzas al margen de la ley que se pueden traducir en decisiones estatales que responden al querer de esas fuerzas.

¿Y cómo lo hacen?

Por ejemplo, en materia de contratación, tienden a prevalecer posiciones jurídicas permisivas frente al incumplimiento, a la mora, a la condonación de multas y a eludir la declaratoria de caducidad, para no hablar de los malabarismos articulados en aras de evitar procesos licitatorios, ordenados por el legislador para garantizar no solo igualdad de oportunidades y libre concurrencia, sino mejores precios y mejor calidad.

¿Y los funcionarios del Estado?

O les da miedo aplicar las normas porque piensan que después van a tener que responder con su patrimonio, o sencillamente son complacientes y débiles. La argumentación apocalíptica paraliza: 'Si usted declara la caducidad, será el responsable de que no haya obra'. Esa argumentación, que confunde la causa con el efecto, es recurrente. Obviamente está también la corrupción.

¿Son muy graves estos casos de corrupción que ha descubierto?

La corrupción siempre es grave. No siempre tan refinada como ahora. Estamos investigando sectores de alto riesgo en contratación, en regalías, en transferencias para salud y educación, en licencias de explotación minera, etc. Hay muchos huecos por donde se vuela la plata, muchos agujeros negros.

¿Dónde ha encontrado lo más grave?

En términos de costos y resultados aún lejanos, en infraestructura tenemos un problema macro que no siempre tiene que ver con corrupción, pero que le ha costado al Estado mucho más de lo presupuestado. No solo en adiciones de cifras billonarias, sino por incumplimientos y las consecuencias que eso tiene para el desarrollo y para la calidad de vida. El año pasado, en infraestructura, el Estado adicionó 10 billones de pesos, en vigencias futuras.

¿A cuánto asciende el endeudamiento en estas vigencias futuras?

A nivel territorial, a más de 13,8 billones de pesos, y a nivel nacional, con sustento legal, independientemente de que eso pueda afectar la sostenibilidad financiera del Estado, a más de 55 billones de pesos, de los cuales se han utilizado 42, 7 billones.

¿Pero las inversiones con vigencias futuras sí han sido buenas?

No todas. Los sistemas de transporte integrado y los planes departamentales de agua no se han ejecutado como se esperaba, y en otros casos arreglamos andenes y pagamos nómina.

¿Y todo eso cuándo ocurrió?

El país venía de apretarse el cinturón, de someter a un saneamiento financiero a las entidades territoriales, de promulgar leyes de topes para ellas sobre endeudamiento, y de pronto se empezó a borrar con el codo lo hecho con la mano. Lo de vigencias futuras se intensificó desde mediados del 2009.

¿Ahí arranca el escándalo de los Nule?

Este es un grupo económico que lleva mucho tiempo contratando a lo largo y ancho de la geografía nacional. Tenían todo tipo de contratos aquí y afuera y no está aún claro si su contratación estaba en todos los casos precedida de rigurosa evaluación de su capacidad financiera y para contratar. Tampoco está claro si a esos y otros contratos se les hizo adecuada interventoría y si se les exigió la aplicación de anticipos. Lo que sí está claro es que no hubo una sola declaratoria de caducidad y de ahí la dimensión de lo que se está conociendo.

¿Cuánto dinero alcanzaron a recibir los Nule por anticipos?

Tenemos identificados anticipos por casi 300.000 millones de pesos.

¿Están perdidos?

Están en riesgo de perderse. Abrimos más de 30 procesos de responsabilidad fiscal respecto de contratos cuyo valor podría superar el billón de pesos. Se busca establecer los responsables que, por pérdidas de anticipos, multas no satisfechas, cláusulas penales no pagadas, habrían podido causar daño fiscal al Estado. Los culpables no son solo ellos. Hay muchos ex ministros y ex directores de departamento vinculados a las investigaciones. Incluso, hay preliminares respecto de funcionarias por recientes cesiones.

¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Estado en todo este desorden?

Nos rige una doctrina jurídica que tiene al Estado como el gran garante, el que paga por el daño causado por sus agentes. El Estado contrata mal; se adjudican vías sin comprar primero los predios y obras, sin estudio de suelos.

Usted ha dicho que estas cosas en materia de corrupción ocurrieron en el segundo período del ex presidente Uribe. ¿Por qué?

No sé como fue el primero. El período que nos tocó investigar fue el segundo. Y aclaro: la responsabilidad, cuando se establezca, de acuerdo con lo que se pruebe, no concierne en términos fiscales a Uribe, sino, eventualmente, a funcionarios de su administración, así como del nivel local, y a contratistas.

¿Qué pasa en el túnel de La Línea?

Hay un retraso superior al 50 por ciento de la obra. Eso supone un crítico impacto en costos y movilidad. Además, el contratista recibió pagos en términos y en montos distintos a los establecidos en el contrato y no se ha legalizado un alto porcentaje de anticipos, equivalente a 221 mil millones.

¿Y entonces?

El contratista ha discutido el uso que puede hacer de los anticipos. Invías estableció un plan muy riguroso de cumplimiento.

La Corte Constitucional tumbó la segunda emergencia y dejó sin piso la reforma a las corporaciones autónomas regionales. ¿Qué piensa de eso?

Indudablemente esas corporaciones deben ser repensadas. Ellas consideran que han sido injustamente estigmatizadas y lo cierto es que, con ocasión de los daños causados por la ola invernal, el sistema nacional ambiental legalmente concebido no parece estar funcionando bien. No fueron, en su gran mayoría, solícitas ni proactivas. Se aproxima la elección de los dignatarios de las corporaciones. El Ejecutivo puede asumir una posición muy activa para elegir nuevos directores.

En general, ¿cómo le parece que funciona el sistema nacional ambiental?

Muy distante de lo esperado. Por falta de coordinación suficiente con el sector minero, por destinación de un porcentaje mínimo del presupuesto para atender el ambiente. No hay coordinación entre las necesidades ambientales, agrícolas y de destinación del suelo a urbanización.

Las naciones en vía de desarrollo como Colombia tienen que decidir qué camino seguir entre la riqueza que produce la explotación minera o la riqueza de la conservación del medio ambiente, pero sin plata. ¿Cuál es su posición?

Mi posición es: sí a la explotación, pero con rigurosos estándares internacionales. Vaya a Canadá y compruebe que allá así se hace y cuesta. Lo inadmisible es que aquí la explotación minera resulte barata porque somos más flexibles.

¿Y sus investigaciones sobre el llamado carrusel de contratación en Bogotá?

Los procesos siguen adelante; hemos recibido más 20 declaraciones incluyendo las del actual alcalde y del anterior, que se presentaron en forma cumplida y se mostraron colaboradores con la diligencia. Otras personas se han excusado. Pronto terminarán los dictámenes técnicos y espero que a finales del mes próximo podamos definir ese tema.

¿Cuáles son las eventuales opciones de definición?

O hay responsabilidad fiscal o no la hay. Si la hay, se debe pagar el daño.

¿Quiénes deben pagar?

Depende de quien resulte responsable: alcaldes, contratistas, funcionarios, directores del IDU, interventores, supervisores, jefes de control interno. Todo depende del acervo probatorio y del régimen jurídico aplicable.

¿En el caso de los Nule, se perderá toda la plata?

No. Hemos ubicado bastantes bienes.

¿Es verdad que la Contraloría descubrió cuentas corrientes y bienes en Estados Unidos, Londres, Islas Caimán, Brasil, Centroamérica, España, Italia, Suiza y en Dubai?

Eso es reservado.

¿Todas las cuentas halladas están congeladas?

Todo eso se somete a reserva. Si no se pierden la cautela y el sigilo de la medida cautelar. Yo me ilusiono en que la plata no se pierda.

Gran conclusión: ¿la plata refundida por este escándalo de los Nule no se va a perder?

La acción oportuna y coordinada en que estamos empeñados debería llevar a ese resultado.

Advertencia a ETB sobre licitación

Contraloría investiga lavado en Sistema Integrado de Transporte

¿Qué descubrió en la convocatoria que hizo la ETB para contratar publicidad para anunciar su venta?

Establecieron una condición que reduce de manera dramática el universo de quienes podrían participar en la licitación, al poner que deben ser sociedades con relación societaria con una 'holding' internacional. Vamos a hacer esa advertencia.

El pliego deja la mala sensación de que eso tiene nombre y apellido...

Sí. Y otro tema que también vamos a examinar es el del recaudo del sistema de transporte integrado en el Distrito.

¿Qué han encontrado ahí?

Es una licitación muy grande. Nos han denunciado que están infiltrando dineros de lavado por narcotráfico. Le pedimos a la UIAF que haga esas verificaciones, y vamos a ver si nosotros tenemos competencia directa para intervenir.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO