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Hace 2 días
Para el nuevo ministro de Justicia, el abogado Wilson Ruiz, la confesión que hicieron dirigentes de las Farc de ser autores del asesinato del dirigente político Álvaro Gómez Hurtado solo será creíble cuando presenten pruebas que corroboren esa autoincriminación.
El alto funcionario no oculta su extrañeza sobre por qué esa admisión de culpa se produjo 25 años después del asesinato.
¿Cuál es su opinión sobre las confesiones que han hecho los dirigentes de las Farc al declararse autores del asesinato de Álvaro Gómez?Es extraño que después de tantos años de investigaciones, que nunca llevaron a las autoridades a manejar la hipótesis de la autoría de las Farc, porque no existían indicios que permitieran inferir que esa guerrilla cometió el magnicidio del doctor Álvaro Gómez, ahora se asuma tal responsabilidad... El país estará muy atento a que esa confesión sea corroborada con las pruebas que presenten los exmilitantes de la antigua guerrilla, y las autoridades judiciales tendrán la última palabra.
El presidente Duque pidió un trabajo de investigación conjunto entre la Fiscalía y la JEP sobre el tema. La JEP aceptó, pero aclaró que la sentencia le corresponde a ese tribunal y no a la Fiscalía, porque ese organismo no es juez... ¿Qué opina?Las instituciones tienen un deber constitucional basado en el principio de colaboración armónica para lograr los fines del Estado; en este caso existe un interés común para establecer la verdad de lo ocurrido con tantos hechos de violencia durante medio siglo de conflicto armado, más aún tratándose de un magnicidio que impactó fuertemente al país. La colaboración entre las instituciones no entra a desplazar competencias ni a despojar al juez natural de su facultad para dictar sentencia.
En su opinión, el congresista Lozada, quien confesó que ejecutó la orden del asesinato, ¿debe continuar en el Senado?Esa es una decisión política que se debe definir en el Legislativo.
Un representante de los colombianos en una de las ramas de la función pública como el Congreso debe tener una hoja de vida intachable. La Constitución establece como restricciones para aspirar a una curul en el Senado de la República haber sido "condenado a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos". Si bien aún no existe una condena, de verificarse los hechos confesados sin duda que ameritaría una pena, y no obstante estar en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz, los crímenes en referencia son muy graves. Pero, insisto, esa es una decisión política.
¿Pero acaso el acuerdo de paz no supuso precisamente que quienes cometieron homicidios durante la guerra dejen las armas y puedan ejercer funciones políticas, incluida la de ser miembros del Congreso?Claro, pero dentro de un marco de verdad, justicia y reparación. Los tres componentes deben ser cumplidos.
Además, ese es un tema de carácter internacional. En Irlanda, quienes cometieron aterradores delitos hicieron la paz, dejaron las armas y están en el Gobierno...Estos procesos deben tener claros los componentes de verdad, justicia y reparación, y si conociendo la verdad no se hace justicia, las heridas del conflicto quedan abiertas.
Todos estos temas de reformas institucionales deben ser el fruto de concertaciones para establecer cuáles son las reformas que necesita el país.
Lozada dijo ante el Senado que el país debe acostumbrarse a conocer la verdad de 50 años de guerra, y que no renunciará al Senado. El acuerdo de paz, que es parte de la Constitución, otorgó esa representación. ¿Debe mantenerse?Lo que esperamos todos los colombianos es que se conozca qué fue lo que ocurrió en tantos hechos de violencia, que se revele la verdad para empezar a sanar las heridas. Esa verdad lleva a reconocer responsabilidades, y no podría mantenerse en la curul quien reconozca delitos de lesa humanidad.
Es necesario que se revelen las circunstancias en que ocurrieron los hechos de violencia y quiénes estuvieron apoyando los crímenes cometidos.
¿No es un poco contradictoria su posición? Pide pena porque se revela una aparente verdad, la de Lozada, pero después pide apoyo para "sanar las heridas"...La verdad no puede contradecir la aplicación de justicia. Otro tema es la manera de aplicar la justicia, bien sea por la jurisdicción ordinaria o la Jurisdicción Especial, a la cual se puede acudir cumpliendo los compromisos que fueron pactados.
¿Van a continuar todos los beneficios que los acuerdos de paz otorgan a la antigua guerrilla por dejar las armas?Lo sabremos cuando las autoridades competentes se pronuncien al respecto.
¿Pero su opinión cuál es?Hay que dejar que la justicia actúe y respetar las competencias de las autoridades.
Por otra parte, ¿qué va a contener la reforma de la justicia que presentará?Desde hace años existe un consenso sobre la necesidad de hacer reformas para mejorar la administración de justicia, reformas integrales. Este ministerio no es ajeno a ese clamor general. Por eso presentaremos un proyecto de acto legislativo con iniciativas que no solo abordan temas relacionados con la cúpula de la Rama Judicial, sino que también apuntan a dar solución a problemas tan álgidos como la congestión y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. También vamos a respaldar la transformación digital de la rama con las nuevas tecnologías.
¿Cómo remediar la congestión?Estamos trabajando en varias iniciativas que apuntan a la descongestión de los despachos judiciales, que implican una transformación digital e implementación de herramientas tecnológicas en la Rama Judicial. Hay que fomentar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para evitar que conflictos menores lleguen a la administración de justicia, y hay que reformar algunos trámites judiciales para darles celeridad a los procesos.
La gente dejó de creer en la "pronta y cumplida justicia" que ordenan las leyes. ¿Cómo recuperar la confianza del país en la justicia?Hay que empezar por dar una respuesta oportuna a los ciudadanos que demandan justicia, combatir la corrupción. Para ello hay que promover la transparencia en las actuaciones judiciales, garantizando que quienes llegan a administrar justicia sean profesionales con las más altas calidades, personas ejemplares en la sociedad.
¿Deben mantener las altas cortes sus funciones electorales?Es un tema que estamos analizando para incluir en el proyecto de reforma de la justicia y para establecer el mejor sistema de elección de altos dignatarios de la Rama Judicial. El estudio que estamos haciendo permitirá saber qué es lo más conveniente para la justicia, porque no se pueden buscar alternativas que terminen siendo perjudiciales.
Otro tema: ¿Está de acuerdo con entregar las cárceles en concesión, como ocurre en otros países?Es evidente que hay que mejorar la función de control de los centros de reclusión del país, y para ello se deben establecer cambios en las entidades encargadas de esa función. Hay un equipo atendiendo las denuncias de corrupción en estos establecimientos.
¿Qué quiere decir con cambios en las entidades encargadas?Considero que todas las entidades son susceptibles de mejora, incluyendo el Inpec y la Uspec.
Es evidente que hay que mejorar la función de control de los centros de reclusión del país, y para ello se deben establecer cambios en las entidades encargadas de esa función
¿Qué aprovechamiento se dará a los bienes en extinción de dominio?
Evaluando la conveniencia y el uso que se les pueda dar a algunos inmuebles objeto de extinción de dominio, varios de esos bienes podrían aprovecharse para desarrollar proyectos de creación de cupos en establecimientos carcelarios. El Ministerio ya ha contemplado una iniciativa en ese sentido, para hacer convenios con los entes territoriales de tal modo que se desarrollen proyectos inmobiliarios en las ciudades a cambio de la construcción o adecuación de nuevos cupos.
El presidente Duque le pidió acelerar un crédito del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para adoptar el expediente electrónico... ¿Cómo lo hará?El Gobierno está apoyando a la Rama Judicial con el fin de lograr ese empréstito de la banca multilateral para el desarrollo del proyecto de expediente judicial electrónico y, en general, para el plan de transformación digital de la Rama Judicial. Ya se realizaron tres misiones del BID y estamos creando varios escenarios de sinergia institucional para encauzar los esfuerzos en la implementación del expediente digital de la Rama Judicial y también el expediente digital de la Rama Ejecutiva.
¿Será posible tener pronto el expediente electrónico?El proceso de transformación digital que incluye el expediente electrónico ya empezó y no tiene marcha atrás. La contingencia por la pandemia nos permitió acelerar este proceso, que tendrá que desarrollarse por etapas, y seguramente algunas de las metas serán logradas a corto plazo.
¿Cuáles ajustes considera que deben hacérsele a la JEP?Soy respetuoso y defensor de la institucionalidad, aunque considero que la JEP debe hacer el trabajo para el que fue creada como jurisdicción especial. Sí habrá aspectos que deberían mejorarse para que esas funciones se cumplan de una manera más eficiente, así como estamos seguros de que se deben hacer reformas de la administración de justicia.
¿Qué piensa hacer para que los ciudadanos utilicen los mecanismos de conciliación en todos los procesos judiciales?Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, son importantes para evitar que lleguen a los despachos procesos que podrían resolverse sin necesidad de activar el aparato judicial. Eso reduce costos y ayuda en la descongestión. Estamos trabajando en un proyecto al respecto.
El hacinamiento en las cárceles parece un problema de nunca acabar. Hay un modelo de infraestructura carcelaria modular en la que trabaja el Ministerio. ¿En qué consiste? ¿Se van a construir nuevas cárceles?Se construirán nuevas cárceles rígidas y proyectos de infraestructura modular, para adecuar espacios destinados a la reclusión de las personas privadas de la libertad. Estos módulos, que son una especie de ciudadelas móviles, pueden ser construidos en terrenos de cárceles ya establecidas o en sitios que se pueden ubicar con apoyo de las entidades territoriales. Ya está en marcha un plan para la construcción de 2.040 cupos. Y en estructuras rígidas, unos 1.360 cupos, aproximadamente.
Como ministro de Justicia, ¿qué piensa de la calidad de los abogados que se están formando en Colombia?Hay una producción en masa de abogados, pero debemos mirar con lupa la calidad de esos profesionales, especialmente una formación integral en ética profesional, porque el derecho es el sustento de una de las ramas de la función pública, la Judicial, que debe ser incorruptible, y eso sólo se puede lograr con profesionales íntegros.
¿Qué piensa usted de la JEP?La JEP es una entidad creada con rango constitucional. Reitero que soy respetuoso de las instituciones, pero pienso que sus decisiones deben estar enmarcadas en el Estado de derecho y no se pueden apartar del clamor de todos los colombianos que exigen verdad, justicia y reparación.
No estoy diciendo eso, pero sí digo que, cuando se conozcan las sentencias de la JEP, esperamos que esas decisiones respondan al clamor general. Por supuesto, enmarcadas en el Estado de derecho.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO