'Quieren incendiar el país y no lo vamos a permitir': Carrillo

Una campaña de sectores de extrema derecha y de extrema izquierda, “para incendiar el país y desestabilizarlo”, está en ejecución, según denuncia del ministro del Interior, Fernando Carrillo. Notifica: “Vamos a impedir esos intentos”.

Revela además que existen sectores de derecha que atacan el proceso de paz, “en busca de réditos electorales”.

Carrillo denuncia que sectores de la guerrilla quieren convertir al Catatumbo en “una sucursal de La Habana” y notifica que el Gobierno no lo va a permitir.

Se declara, por otra parte, partidario de “meterle más regiones al gabinete y más gabinete a las regiones”.

“El Catatumbo parece como si fuera un laboratorio de guerra que hay que convertir en un laboratorio de paz –dice–. Allí se mezclan de manera explosiva todos los agentes violentos que están en esa región: guerrilla, paramilitares, narcotráfico, bandas criminales y, obviamente, pobreza y abandono, que es, en cierta medida, una deuda social del Estado como tal, por décadas, con una población que ha estado al margen del desarrollo. Impediremos los intentos extremistas de incendiar el país, con respuestas sociales efectivas cuando sean legítimas las pretensiones”.

¿Cómo es eso? ¿Quién o quiénes quieren incendiar al país?

La extrema izquierda, con la teoría de que el Presidente asume actitudes de violador de los derechos humanos, como se dijo frente a las primeras acciones de la Fuerza Pública en Catatumbo; y la extrema derecha, tratando de vender la imagen de que el Presidente es blando ante los violentos. Pretenden ubicarlo en los extremos, y eso indica que estamos en el justo medio. Para el Gobierno, propósitos son la justicia social, las víctimas y la paz, pero los extremos se están uniendo para tratar de deslegitimar la acción gubernamental y generar un caos generalizado en el orden público. Fracasarán en ese intento. Ya conocemos su estrategia, tenemos argumentos, instrumentos legales y herramientas sociales para impedirlo.

¿Pero qué tan grave o peligrosa ve usted la situación?

En el Catatumbo, los actores armados ilegales apuestan por incidir en el proceso de La Habana, y eso no lo vamos a permitir. Los reclamos sociales son válidos, pero rechazamos el uso que de estos pretenden hacer los actores armados.

Pero las reclamaciones que se hacen son fundamentalmente de carácter social…

No. El diálogo con los campesinos tiene que darse, ciertamente, en función de las necesidades y las demandas sociales, pero no es aceptable traer una agenda política, coincidente y aplaudida desde La Habana, a un diálogo con campesinos. La protesta social, lamentablemente, ha sido históricamente vulnerada por los actores armados ilegales, quienes la aprovechan para tratar de lograr objetivos de carácter político electoral. Reitero que se está tratando infructuosamente de incendiar al país antes de las elecciones para ganar votos e incidir en la mesa de La Habana.

¿Y cuál es, en su opinión, el objetivo final? ¿Atajar una eventual reelección?

Quieren atajar las reformas sociales que no les convienen ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda. La primera cree que es una agenda de izquierda muy cercana a la guerrilla y la segunda, que el Presidente les está rapando sus banderas sobre el reajuste social que el país necesita. Estamos comprometidos con una agenda social. Hay una franca actitud de la derecha contra la búsqueda de la paz. Dice la derecha que por buscarla, se ha bajado la guardia. Todo lo contrario: aumenta la presencia y el uso legítimo de la Fuerza Pública, y los resultados son contundentes. El Gobierno respeta la protesta social porque es legítima, pero rechaza los bloqueos y la violencia. Es ilegítimo el uso político de la protesta social para fines electorales, que es lo que se está cocinando en este momento.

¿Diría usted que se trata de una acción para atajar al Presidente?

Quieren atajar el proceso de paz. Son disparos desde diferentes bandos. La extrema derecha, por ejemplo, ha montado como argumento dizque la impunidad. En el caso de la extrema izquierda, acusan al Gobierno de no tener la capacidad de hacer las reformas sociales que ellos sí podrían. Por eso tratan de radicalizar la agenda política. La petición de la constituyente, por ejemplo, une a la extrema izquierda y la extrema derecha. Y hay que subrayar que el país no la necesita, ni el Presidente la reclama, porque no quiere perpetuarse en el poder, ni necesita una constitución de bolsillo. La Constitución del 91 está hoy más viva que nunca.

El Partido Conservador decidió lanzar una campaña anunciando que apoya la paz pero “sin impunidad”. ¿El conservatismo es la extrema derecha a la que usted se refiere?

No. La paz –el Presidente lo ha dicho muchas veces– no supone ni va a implicar impunidad. Requiere sí unos sistemas de justicia transicional. Lo curioso es que todos estos embates contra la negociación se hacen cuando ni siquiera se ha comenzado a discutir ese punto en La Habana. Las partes no han hablado sobre la situación jurídica de quienes eventualmente firmen los acuerdos, y los enemigos de la paz ya hablan de impunidad.

El Partido Conservador sigue firme con la paz, pero algunos de sus militantes mantienen dudas sobre el proceso y el tema de la impunidad. Es claro que ha comenzado una especie de delimitación de lo que van a ser las reglas de juego de la campaña electoral. Es fijar posiciones con un argumento de campaña frente al proceso de paz. Lo importante es mirar quiénes son los que están del lado del proceso de paz y quiénes no, y cuáles son los propósitos de uno y otro lado. Es evidente que toda la gasolina que se le está echando a la hoguera social en este momento apunta directamente a atacar la agenda social del Gobierno y al proceso de paz. Y la respuesta categórica es: no habrá impunidad. En la última sesión del Congreso, un senador conservador dijo que el presidente Santos iba a ser el candidato de las Farc. Esa acusación es delirante. Pero esa posición no representa al conjunto del Partido Conservador.

¿A qué adjudica semejante afirmación?

Sobrevive en algunos un fanatismo injustificado. Hay un sector que quiere perpetuar los escenarios de la guerra. En Colombia, los conflictos van a continuar, pero cambiaremos la manera de resolverlos. Lo que hay que terminar es el conflicto armado. Repito: están tratando de crearnos aquí espacios paralelos a La Habana, estimulando falsas hipótesis de diálogos regionales, cuando el único escenario de debate, de acuerdo con las reglas que se fijaron, es La Habana y no el Catatumbo. No se perderá el rumbo de la negociación, ni del orden público.

Sobre el tema de la impunidad, ¿no hay cierta contradicción al afirmar que no la habrá, pero que tampoco habrá cárcel?

La justicia transicional prevé mecanismos distintos de las penas tradicionales. Los delitos de lesa humanidad serán castigados. Algún tipo de justicia transicional se pondrá en marcha, como ha sucedido en otros procesos exitosos de paz en el mundo. En este tema hay que ser contundentes: en el marco de un proceso de paz, la impunidad se mide es según el grado de satisfacción de los derechos de las víctimas, y ello requiere una visión integral. No podemos concentrarnos únicamente en los victimarios. Las víctimas tienen toda la atención, ahora y en el posconflicto. Este gobierno sacó de la gaveta del olvido a las víctimas; son el eje de su política de paz; son actores del presente y protagonistas del futuro de reconciliación.

¿Penas, como cuáles?

Es muy rica toda la doctrina penal internacional en ese sentido.

En resumen, ¿para qué cree usted que se quiere incendiar al país?

Primero para intentar desestabilizar; segundo, para tratar de demostrar que no se está al mando de la situación y, tercero, para buscar réditos electorales.

Mejor dicho, ¿usted dice: “Comenzó el gran embate contra el presidente Santos”?

Es típico de los procesos electorales. Esta vez, en el marco de un proceso de paz y atacando la política social más ambiciosa de los últimos años. Las protestas sociales corren el peligro de estar infiltradas por actores armados ilegales. Lo impediremos a toda costa. Insisto, sí, en que respetamos la protesta social legítima y reconocemos las voces de auténticos líderes sociales.

Pero, los líderes del movimiento agrario, que representan algunos sectores –cafetero, lechero, cacaotero–, que anuncian el paro para el 16 de agosto, afirman, con un sector de camioneros, que no son extremistas ni están infiltrados, sino que su lucha es legítima y actúan en nombre de sectores maltratados.

Esa es precisamente la distinción que se debe hacer: hay unas organizaciones que tienen unas pretensiones legítimas de carácter social, con las que nos sentamos a discutir y ofrecer soluciones sociales. La lucha campesina es totalmente legítima; el problema es cuando esos movimientos son irrespetados por los actores armados, que pretenden infiltrarlos con propósitos electorales, que es lo que se está viendo.

¿En el caso de los cafeteros, qué es legítimo y qué es ilegal?

El Gobierno ha cumplido los acuerdos a cabalidad. Lo ilegal es la infiltración, la amenaza de paro, los bloqueos, el desorden, las asonadas. Se puede protestar sin acudir a los bloqueos. Ahí hay intentos de ganar réditos electorales por actores políticos, como se ha venido denunciando en los últimos días. Creemos que los cultivadores son gente pacifista. Muchos de quienes instigan su descontento quieren recoger una buena cosecha electoral.

Alegan que el Programa de Ingreso al Caficultor (PIC) no se cumple. ¿Es así?

Sí se ha cumplido, al igual que con el tema de las importaciones y los subsidios. En el caso puntual del PIC, pudo presentarse alguna demora, mientras se creaba un sistema que impidiera el fraude, del cual se habla mucho en estos días. Además, muchos quieren que se les pague prácticamente contra la entrega de la cédula cafetera, y eso no puede ser así. Ellos sostienen que no le ha llegado a la mayoría de la gente, y eso es lo que hay que verificar.

Sobre el Eln: ¿la liberación del cabo Carlos Fabián Huertas abre el diálogo?

Es un gesto que valoramos. Como lo ha señalado el presidente Santos, con la liberación de secuestrados, el Eln avanza en la dirección correcta. Esperamos la liberación de todos y el anuncio de que abandonarán esa práctica. Ahí sí podría iniciarse la construcción de un escenario para el diálogo.

¿Distinto al de La Habana?

Totalmente distinto; un espacio paralelo una vez se cumplan las condiciones.

A estas alturas del Gobierno y con la experiencia que tiene usted como miembro del mismo, ¿cree que 4 años son o no suficientes para redondear una gestión?

Ese es un debate fundamentalmente académico y no un debate práctico en este momento. La reelección es una opción, no es una obsesión del Presidente, y es un tema de su fuero interno.

¿Usted, como ciudadano, es partidario de que él aspire a la reelección?

Hay una agenda social y de reconciliación que el país necesita que se mantenga. Es una tríada que debe seguir: justicia social, reparación a las víctimas y búsqueda de la paz. Todo ello garantizará que sea posible un país justo, moderno y seguro.

¿Cree que él debe aspirar a terminar su agenda?

Hay que reelegir la agenda del Presidente. Su eventual reelección es una decisión de la cual el país está atento.

Usted habló hace poco de “desbogotanizar” el gabinete. ¿Se debería hacer en esta celebración de un nuevo año de gobierno esa corrección?

Esa es una decisión del Presidente. Creo que hay que darles mayor participación a las regiones y desbogotanizar las políticas públicas. Ese debería ser el cambio de política que tendría que hacer el Gobierno: hay que meterles gabinete a las regiones y regiones al gabinete.

La percepción es la de que no hay una fogosa, activa, representación regional…

Sí, lo que supone que hay que romperle la vértebra al centralismo.

¿Usted es partidario de que el Presidente revise la estructura de su gabinete?

Ya ha dado la orden de que los ministros tienen que estar, escuchar, viajar a las regiones. La representación de las regiones es fundamental.

¿Usted de dónde es?

Soy bogotano y recorro todas las semanas las regiones.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO