‘La situación de la construcción es de catástrofe’: Bruce Mac Master, presidente de la Andi
Hace 6 días
"La propiedad privada en Colombia está en peligro". La frase tiene un sonido apocalíptico para quienes son los dueños. Y puede ser pero, como quien la pronuncia es José Felix Lafaurie, ingeniero civil con master en economía y actual presidente de la Federación nacional de ganaderos, Fedegan, sus palabras pierden su carácter un poco excesivo aterrador, para convertirse en una advertencia seria de la empresa privada en Colombia. Lafaurie, en dialogo con este cronista para EL TIEMPO ataca con vehemencia los proyectos de reforma agraria que el gobierno ha puesto a consideración de los colombianos. Comienza su entrevista con esta afirmación:
- Los proyectos de decreto sobre propiedad de la tierra y reforma agraria son absolutamente inconvenientes. El primero, que tiene que ver con la extinción administrativa de dominio de la propiedad privada, es un decreto de una extrema peligrosidad.
- ¿Por qué lo considera así?
- Porque equivale a poner en manos de un funcionario público la decisión de sancionar, con la pérdida absoluta de la propiedad privada, a un propietario rural que no ha cometido delito, pero a quien se le imputan de afectaciones ambientales o incumplimiento de la función social a partir del juicio subjetivo de un funcionario.
- Es decir, ¿usted denuncia que el primer proyecto autoriza la expropiación?
- No, La expropiación implica indemnización; hay que pagar el valor del bien. En la extinción del dominio, que es la propuesta del gobierno, no hay que pagar el valor del bien; el Estado se lo quita, lo trata como a un criminal; en cambio el narcotraficante o el corrupto tienen derecho a un proceso judicial con intervención de un juez; derecho que se le quita al legítimo propietario, convirtiendo a la Agencia Nacional de Tierras en juez y parte, para que, a través de un proceso administrativo y sin garantías judiciales, pueda aplicar las sanción extrema de extinguir el dominio. Ahora, lo que hace el decreto es reglamentar unos micos introducidos, a las carreras y por la puerta de atrás, en un artículo de la Ley del Plan de Desarrollo en el último debate.
- ¿Cuál es ese artículo del Plan de Desarrollo?
- Los numerales 5 y 6 del artículo 61, son un verdadero atropello a la propiedad privada, hoy demandado ante la Corte Constitucional.
-Es decir, ¿usted afirma que está en peligro la propiedad privada en Colombia?
- Si, señor, ¡y de qué manera! Aquí estamos frente a una decisión absolutamente confiscatoria.
- ¿La expropiación?
- No, extinción total del dominio, que es peor, confiscación abusiva. Es abrir la puerta a unos escenarios inéditos a la sociedad colombiana; incluso es violar lo que la propia Constitución establece sobre protección a la propiedad privada.
-El asunto es que el presidente Petro es de izquierda. Y el país eligió la izquierda. Y uno de los fundamentos de la izquierda es la socialización de la propiedad privada.
Darle tierra a quien no la tiene. Hoy, por otra parte, más del 90% de la tierra está en manos de latifundistas...
- Dos cosas con las que yo no estoy de acuerdo. La primera es que Petro juró cumplir la Constitución y ha dicho que va a gobernar con la Constitución en la mano, la misma que protege la propiedad privada, no solo de la tierra, aunque la tierra es la única perseguida. Petro no puede violar la Constitución colombiana. Por otro lado, no es verdad lo que usted afirma sobre latifundios. Esa es una afirmación injustificada que ha venido sosteniendo la izquierda.
- ¿Cuáles son, entonces, sus cifras sobre la propiedad de la tierra en el país?
En Colombia hay 54 millones de hectáreas de propiedad privada de los 114 millones de hectáreas que tiene el país.
- ¿Cuántas matrículas inmobiliarias hay en el sector rural?
- Más de 4 millones 100 mil. Si usted divide 54 millones entre 4.100.000 matrículas inmobiliarias, le da, en promedio, propiedades privadas sobre 12 hectáreas. Por consiguiente, la inmensa mayoría de la propiedad privada en Colombia es de pequeños propietarios rurales, como pasa por ejemplo en el sector ganadero. De los casi 700.000 ganaderos, 553.000 tienen, en promedio, 21 o 22 hectáreas. Claro que también hay medianos y grandes ganaderos, la economía los necesita, como hay medianos y grandes industriales, comerciantes y agricultores, pero, una vez más, la lupa está puesta sobre la ganadería.
- La ley establece que la propiedad de la tiene que cumplir una función social...
- Sí. Eso es algo que viene desde la Ley 200 del 36. ¿Qué implica ello? Que cumpla la finalidad de generar una serie de bienes, en este caso agroalimentarios, que le sirvan no solamente a su propietario, sino a la sociedad en su conjunto, pero no hay nada que le permita a Gobierno alguno echarle mano a la legítima propiedad privada de la tierra, con menores garantías, inclusive, de las que pueda tener un delincuente propietario de tierras mal habidas.
- ¿Y usted dice que está en peligro la propiedad privada, como consecuencia de los dos proyectos de decretos que están para consulta pública?
- Sí; del primer decreto. El segundo tiene un efecto aún mucho más nocivo, un elemento que me parece más pernicioso. Y es que se convoque desde el Gobierno a la movilización y a la organización campesina.
-Pero el presidente ha insistido en esa movilización...
- Claro que lo ha hecho, pero yo tengo la obligación, como ciudadano, como presidente de Fedegán y como aliado del Gobierno, un gremio de la producción rural, de advertirle al Gobierno algo que puede ser inconveniente. Las movilizaciones pueden generar conflictos, como terminó sucediendo con los 7.000 campesinos que terminaron, en Los Pozos, Caquetá, asesinando a uno de los suyos, degollando a un policía del ESMAD y secuestrando a otros 67, secuestro que quisieron maquillar como "cerco humanitario".
-¿Y las denuncias sobre la concentración latifundista de la propiedad privada?
- Mire: hay 54 millones de hectáreas de propiedad privada y más de cuatro millones de propietarios; En cambio, hay 36 millones de hectáreas en manos de la comunidad indígena que apenas superan el millón de individuos, y hay 6 millones de hectáreas en las comunidades afrodescendientes en similar condición.
- Por otra parte, usted ha hablado de la necesidad de crear "brigadas solidarias"
para defenderse si hay ausencia de autoridad. El presidente Petro ha preguntado si eso no es volver al paramilitarismo...
- Ahora los campesinos tienen "guardias", pero eso no está mal. Los ganaderos creamos "Brigadas Solidarias", como apoyo a la autoridad para que cumpla la ley cuando hay una invasión, pero al mismo tiempo para acompañar a aquel vecino enfrentado al infortunio de esa circunstancia. También tenemos derecho.
-¿Han tenido el infortunio de qué?
- De que te invadan, de que entren amenazantes a tomar posesión de lo que es tuyo.
- ¿Qué quiere decir su afirmación sobre acompañar a la autoridad?
- Simplemente eso; acompañar a la autoridad en el cumplimiento de su deber; con la presencia pacífica simplemente. Es una expresión de solidaridad con el vecino ganadero. Calificarlas de "paramilitarismo" no se compadece con la realidad.
-A ver, doctor Lafaurie, ¿sugerir acompañar a la autoridad quiere decir nombrar agentes escogidos por los ganaderos...?
-No, Son los mismos vecinos. "Se está incendiando este edificio" y los vecinos vienen a apoyarte, a ver qué necesitas, a llamar a los bomberos. Es auténtica solidaridad.
-¿Eso no es defensa armada...?
-No, no, no es así. Excluya totalmente las armas.
- ¿Pero cual es concretamente su posición sobre los proyectos de decreto?
- Lo que yo creo es que los decretos, que pueden ser pensados con muy buena voluntad, pueden derivar en unas dinámicas no previstas, con consecuencias graves para la población civil. ¿Para qué crear el castigo extremo de la extinción de dominio sobre la tierra, al tiempo que se convoca a Fedegán, invitación que aceptamos, a firmar un Acuerdo que facilite la oferta voluntaria de tierras, qué el Gobierno mismo ofreció comprar, dentro de un programa de reforma agraria verdaderamente integral?, porque esa es otra arista del problema: Un campesino con tierra, pero sin proyecto productivo, sigue siendo un campesino pobre y sin esperanza de dignificación de su propia vida.
-¿Y cómo se entiende, doctor Lafaurie, que usted haga semejante crítica como la de que el gobierno está violando los principios constitucionales de respeto a la propiedad privada cuando usted es funcionario del Estado?
-No, yo no soy funcionario del Estado. Soy el presidente Fedegan y como tal, el Gobierno tuvo la gentileza de designarme como delegado del Gobierno en el equipo negociador con el ELN.
- ¿Usted no está exagerando cuando afirma que sí está en riesgo la propiedad privada con respecto a los dos proyectos de decreto?
- ¡Por supuesto que no! Qué necesidad tengo de polemizar cuando tengo un acuerdo con el Gobierno en materia de tierras y cuando, como usted me lo ha recalcado, soy delegado del Gobierno en una negociación con el ELN. Concedo esta entrevista porque tengo una obligación irrenunciable con los ganaderos de advertirle al Gobierno, y también a los ganaderos, que ambos decretos no son una buena idea porque conducen a unos escenarios imprevisibles, cuando se trata de movilizaciones con pretensiones de invadir tierras para que después se extinga el dominio de esa propiedad y se les entregue a los invasores. Pero, mi intención no es controvertir, sino advertir, con argumentos y con respeto a la diferencia.
- Perdone que le insista: ¿Con los dos proyectos de decreto se está amenazando seriamente a la propiedad privada en Colombia?
- En la carta que le envié al presidente sobre el tema le plateo que nos pongamos a trabajar; que hagamos un inmenso esfuerzo para fortalecer la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, para que al término de este gobierno haya 1 millón y medio de hectáreas en manos de campesinos, pero no solo con títulos de propiedad, sino con proyectos productivos viables que dignifiquen su condición campesina. Lo que ha sucedido con la reforma agraria es irrepetible. Muy pocos salieron de la pobreza. Esa no puede ser la reforma agraria con la que Colombia se convierta en potencia agroalimentaria, un propósito del presidente Petro con el que coincidimos. Sin embargo, para ello no es suficiente con regalar tierra; es necesario llevar al campo vías, tecnología, conectividad, educación, salud y toda clase de bienes públicos, que es la obligación primera del Estado.
-Porque lo que realmente sufre el campesino hoy es que puede cultivar, pero no tiene cómo extraer sus productos.
-Claro, por eso terminó en la actividad cocalera, doblegado por las mafias. Si usted está en un lugar apartado, sin carreteras siquiera para sacar sus productos al mercado, usted siembra coca. Por eso la ganadería termina siendo una alternativa, sobre todo la sostenible. Porque la vaca es la fábrica, consume pasto y produce carne y leche, pero va caminando. Por eso, en las zonas alejadas de la colonización hay vacas, porque no necesitan vías. Las vacas caminan, la zanahoria no camina, la papa no camina; usted necesita un camión para cargar la papa. Mire los presupuestos que tiene el Ministerio de Transporte para vías terciarias. Mucho dinero; gasten en vías terciarias, y si lo hacen a través de las juntas de acción comunal, que sean con auditorías, interventorías y veedurías ciudadanas, para que no se roben los recursos. Las vías terciarias de hoy son una vergüenza.
-¿Cómo hacemos para que el Ministerio de Agricultura ejecute?
Eso hay que preguntárselo a la ministra. Eso hay que preguntárselo a los ministros; ellos están gobernando, no haciendo oposición. Entonces tienen que pasar de una mentalidad de activismo político, a una mentalidad de gobierno; a ejecutar, a proteger, a garantizar los derechos y libertades en todas las regiones. Por eso repito: La paz de Colombia pasa, necesariamente, por la recuperación del campo. No hay otro camino.
