‘La situación de la construcción es de catástrofe’: Bruce Mac Master, presidente de la Andi
Hace 4 días
En charla con YAMID AMAT, el Fiscal los califica como "el más vulgar de los irrespetos a la majestad de la Justicia y la más injustificable violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos".
Y va más allá. En su concepto, son "el acabóse. Casi que un apague y vámonos".
YAMID AMAT: ¿Qué pasa en el DAS?
MARIO IGUARÁN: Después de conocer un informe que rindió el CTI de la Fiscalía, tengo que declararme preocupado, toda vez que hay elementos para afirmar que la Corte Suprema de Justicia estaba siendo objeto de seguimientos.
¿Todos los magistrados o solo los miembros de la Sala Penal?
No podría decir si todos los magistrados, pero sí puedo afirmar que no sólo eran los magistrados de la Sala Penal, sino otros funcionarios y ex servidores públicos.
¿Lo que usted llama 'seguimientos' eran las interceptaciones telefónicas?
El género son los seguimientos. Ahí se incluyen varias especies de seguimientos, todos ellos actos invasivos de la misma intimidad de los magistrados.
¿Quiénes son los responsables?
Eso es lo que estamos investigando. Lo esencial es saber, no quién era el operador o el intermediario para cumplir esas labores, sino quién estaba dando esas órdenes y qué uso se dio o se pretendía dar a la información que se obtuvo.
¿Existen indicios de que haya sido una orden oficial?
Precisamente, eso es lo que se va a tratar de establecer: quién ordenó dichos seguimientos y si dicha orden tenía un soporte legal y judicial.
¿Y qué hace la Fiscalía para buscar las respuestas?
Gestiones de naturaleza técnica, diligencias de carácter oficial y el desarrollo de un programa metodológico donde se ordenen entrevistas, testimonios y, probablemente, interrogatorios. La pregunta me da la oportunidad de recordar que la Fiscalía, por mandato constitucional y legal, siempre estará dispuesta a preacordar y negociar beneficios con quienes nos ayuden a ubicar a los reales determinadores de estos hechos.
¿Qué tipo de beneficios podría recibir la persona que denuncie?
Los que señala la Ley: desde el principio de oportunidad, pasando por la supresión de delitos o agravantes, hasta la detención domiciliaria, la libertad condicional o la rebaja de la pena.
¿El seguimiento se hizo con conocimiento de altos directivos del DAS?
Esa pregunta no la puedo responder, no solo por el estado de la investigación, sino porque de resultar implicados funcionarios con fuero, el investigador natural sería el propio Fiscal General. Recuerde que, según el fallo de la Corte en el caso Jorge Noguera - en el cual cambió su jurisprudencia de más de 15 años-, en los procesos contra aforados, su investigador directo, inmediato e indelegable, soy yo.
¿Los directores del DAS sabían de esos seguimientos?
No le puedo contestar, así lo supiera.
¿El Gobierno tenía conocimiento sobre ese seguimiento?
Tampoco puedo ni debo contestar, así lo tuviere vislumbrado.
¿Quienes hicieron el seguimiento tuvieron iniciativa propia o actuaron por instrucciones?
Básicamente, de eso se trata: investigar si estaban cumpliendo una orden o si lo hicieron de una manera autónoma.
¿Cree usted que el Gobierno tuvo conocimiento de ese seguimiento?
Mi respuesta es: no pudo haberlo tenido, porque si lo hubiese conocido, su deber era denunciarlo.
¿Y si lo tuvo y no lo hizo?
Con esa conclusión suya: omisión constitutiva de delito.
Faltan tres meses para que concluya su período. ¿Se sabrá todo antes de su retiro?
A propósito de terminar, como concluye el presidente Obama su discurso de posesión: "No hay nada tan gratificante para el espíritu y tan representativo de nuestro carácter que entregarlo todo en una tarea difícil". Por ello se han destacado fiscales delegados ante la Corte, fiscales de apoyo e investigadores estrellas y exclusivos. El propio Fiscal General se ha apersonado del caso.
¿A qué atribuye que el DAS haya realizado esos seguimientos?
El DAS, como el Ejército, la Policía y la Fiscalía, entre otras, son instituciones complejas y cercanas al delincuente, por el mismo cumplimiento de su misión, que las mantiene al borde del abismo. Llámese delito.
Podría haber beneficios a afectados por DMG
Otro de los temas de gran interés nacional que tiene la Fiscalía es la investigación en el caso DMG. ¿Cómo va?
Está debidamente enrutada en lo que tiene que ver con lavado de activos, enriquecimiento ilícito y captación ilegal por parte de David Murcia y los directivos de DMG. Ya hemos mostrado sentencias condenatorias y muy pronto habrá resultados en lo que atañe con los colaterales.
¿Cómo cuáles?
Funcionarios que tuvieron que ver con DMG, como el Personero de Bogotá, caso en el que la Fiscalía halló elementos para considerar razonablemente que es presunto autor de enriquecimiento.
¿Lo van a detener?
Habrá que tomar primero la decisión sobre si se acusa o no. Empezaron a correr unos términos y estamos recaudando elementos que se necesitan para definir si se acusa o se precluye. Libertad provisional propia del nuevo proceso penal, siempre y cuando no pretenda evadir a la Justicia, no constituya un peligro para la comunidad y no obstruya las investigaciones penales y administrativas. Sobre ello estaremos muy vigilantes.
Si se hallan esos elementos, ¿de qué sería acusado el Personero de Bogotá?
En principio, por enriquecimiento ilícito, pero cuando las pruebas nos permitan, ya no inferir razonablemente, sino afirmar con probabilidad de verdad, que se cometió el referido delito.
¿Y qué pasa con los gobernadores del Magdalena y de Bolívar?
Estamos agotando un programa metodológico, como lo desarrollamos con el caso del Personero.
¿Para acusar?
O para precluír. Hay dedicación y diligencia para dar resultados muy pronto.
¿Pero tienen indicios de que los dos gobernadores están comprometidos?
Estamos estructurando una investigación.
¿Y hay también militares comprometidos?
Funcionarios de la Fiscalía han tenido una aproximación con David Murcia, que abre la novísima e interesante posibilidad de una colaboración de su parte, y de este modo, establecer la responsabilidad de funcionarios y particulares mencionados en los últimos días.
Su respuesta supone que sí hay militares comprometidos...
Militares y ex militares. Hemos compulsado un buen número de copias. Todo lo demás es reservado.
Si se concreta el acuerdo, ¿qué beneficios tendrá Murcia?
Está por considerarse. Desde alguna rebaja de pena hasta algún beneficio en procesos que no son contra él.
¿La colaboración podría significar beneficios para familiares como su mamá?
Se lo voy a decir con toda sinceridad y que lo sepan todos empezando por él: haríamos todo el ejercicio y el esfuerzo para que eso fuera posible.
Es decir, ¿para que su madre quede en libertad, por ejemplo?
Sí, un beneficio puede ser libertad condicional para ella.
¿La libertad para él es posible si colabora?
No, por ahora es impensable
Justicia y Paz
Otro tema: ¿cuáles son las principales consecuencias de las versiones suministradas por detenidos dentro de Justicia y Paz?
Muchas, y reconocidas por la comunidad internacional. En cifras rápidas y redondas: 2.100 cadáveres hallados dentro de los más de 22.000 desaparecidos, 8.000 delitos confesados, 4.000 copias compulsadas -196 a políticos- y 380 bienes entregados.
Tengo entendido que hay miembros de la Fuerza Pública investigados. ¿Por qué?
Por señalamientos que se han hecho en las versiones de Justicia y Paz, en las investigaciones que promueve la unidad especializada en derechos humanos y la gran cantidad de funcionarios comprometidos en las distintas seccionales, como los colegas de la seccional de Ocaña.
¿Es por los llamados falsos positivos?
Sí. Y en estos casos de ejecuciones extrajudiciales u homicidios por fuera de combate, estamos en casi 400 medidas de aseguramiento.
¿Casi una política de Estado?
Con la autoridad moral que nos da hacer estas imputaciones a estos miembros de la Fuerza Pública, con esa misma ética, tenemos que afirmar que no hay el más mínimo elemento probatorio para inferir que era una política de Estado.
Pero la fiscal delegada para Derechos Humanos, Sandra Castro, denunció en el Congreso que se ha obstaculizado la investigación. ¿Cómo?
Contrariando las instrucciones y el ejemplo que dan el Ministro de Defensa y la cúpula militar, se han presentado algunos incidentes que censuramos y que hemos reportado al alto mando, el cual ha apoyado la labor de la Fiscalía.
¿En qué consisten esos obstáculos?
Por una parte, obstáculos para el buen suceso de las diligencias y de otra, lo que es más grave, una especie de sicariato moral contra los fiscales en el propósito de deslegitimar su tarea. Para muestra, el caso del Gaula de Casanare.
¿Cuál fue el caso del Gaula de Casanare?
Decir que la Fiscalía compra testigos porque le dieron para algún transporte o alimento a un declarante, y denunciar a esos fiscales, que tienen todo nuestro respeto y nuestro respaldo.
Sobre este tema de muertes extrajudiciales, ¿quiénes están asesinando a dirigentes sindicales en el país?
En los dos últimos años se ha proferido más del 73 por ciento del total de las sentencias condenatorias que por asesinato de sindicalistas se han dictado en la historia judicial de este país. Y los culpables son las Auc, la guerrilla y la delincuencia común. Si bien se han asesinado sindicalistas en razón de su actividad, debe anotarse que en un buen número de casos son ultimados por causas ajenas a su calidad de sindicalistas. En otros casos, hemos concluido que la responsabilidad es atribuible a miembros de la Fuerza Pública, pero no hay un solo caso donde se evidencie que ello es una política del Estado o del empresariado colombiano.
Tema final: La reelección presidencial. Hay quienes sostienen que las sucesivas reelecciones presidenciales, rompen el equilibrio de poderes que debe existir en toda democracia. ¿Usted que opina?
No se puede desconocer que la reelección presidencial va descompensando o afectando el equilibrio en el ejercicio del poder. Pero si la voluntad del pueblo es la reelección, habrá que respetarla y, al mismo tiempo, adecuar la preceptiva constitucional y legal pertinente para restablecer el equilibrio.
Es decir, ¿quitarle al Presidente de la República su facultad para candidatizar funcionarios de control, magistrados, fiscal, procurador, etc?
Sería conveniente ajustar todo ese cuerpo normativo para lograr el equilibrio y reformar sus facultades de postulación y elección de servidores públicos.
¿Cree usted que si la Constitución no se ajusta a una nueva reelección presidencial, estará en peligro nuestro equilibrio democrático?
Indudablemente una descompensación afecta principios y prácticas democráticas. Si el constituyente primario, es decir, el pueblo, quiere la reelección, se debe acoger sin regañadientes. Eso es propio de la democracia. Pero no hay que ser gaseosos: si hay reelección, hay desequilibrio y, por lo tanto, deben establecerse unas nuevas compensaciones.