Hugo Rodallega: una hazaña a lo Beckenbauer para ganar la décima estrella de Santa Fe | Entrevista de Yamid Amat

















La alta justicia del país atraviesa una de las peores crisis de su historia. La vinculación que la Fiscalía General de la Nación ha hecho de tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia con actos de corrupción estremeció no solo a toda nuestra población, sino a las mismas cortes.
El viernes pasado, 
los presidentes de las cuatro altas cortes solicitaron en una 
declaración oficial "sanciones ejemplarizantes" contra los exmagistrados
 y parlamentarios, en caso de responsabilidad. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero,
 declara que la situación es "alarmante" y plantea como una de las 
soluciones despojar a las cortes de sus funciones electorales. Asimismo,
 anuncia que el Gobierno se opone a una constituyente. "Con la justicia 
hay una situación de crisis grave, seria. Existe un estado de 
desconfianza de la ciudadanía frente al sistema judicial". 
¿Qué lo conduce a hacer semejante diagnóstico?
La
 realidad. La justicia debe ser un emblema de equilibrio, virtud y 
pureza; lamentablemente, las últimas noticias, en todo orden, ponen en 
duda esta concepción. La petición de la Fiscalía para que se investigue a
 tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos
 de corrupción es alarmante y genera un efecto devastador en la justicia
 y en toda la sociedad colombiana.
¿Por qué cree usted que ocurrió todo esto que se ha descubierto?
Hay
 problemas que ya se han diagnosticado: desde 2008, cuando fui 
presidente del Consejo de Estado, sostuve, y aún lo hago, que las 
actividades de naturaleza electoral que ejercen las altas cortes no solo
 demandan mucho tiempo y energía sino que distraen y pervierten la 
verdadera labor de un juez, la cual es administrar justicia. La misión 
del juez es sagrada, debe ser ajena a todas esas vanidades que pueden 
generar las funciones electorales y una vacua manifestación de poder. 
Esas facultades pueden llegar a ser nocivas; como señaló Hernando Yepes,
 fue un "regalo envenenado" que dio la Constitución del 91 a la 
justicia.
¿Usted, en consecuencia, es partidario de quitarle a las cortes esos poderes?
Sí,
 señor, absolutamente; despojarlas de todo poder de decisión electoral. 
Es que hoy intervienen en las elecciones de Fiscal General, Procurador, 
Auditor e igualmente tienen que elaborar ternas para el Consejo Superior
 de la Judicatura y la Corte Constitucional, y todo eso es ajeno a la 
función de administrar justicia.
¿Si las cortes no eligen Fiscal, quién lo debería elegir?
Podría
 ser razonable que lo hiciera un comité intersectorial en el que 
participaran diferentes sectores, como la academia, la Rama Judicial y 
aquellos que pueden contribuir a construir un mejor sistema. 
Algunos sectores políticos, como el Centro Democrático,
 y dirigentes, como la senadora y exfiscal general Viviane Morales, han 
propuesto la convocatoria de una constituyente para reformar la 
justicia. ¿Qué opina? 
Yo no soy partidario de una 
constituyente. Uno sabe cómo comienza pero no cómo termina. En esta 
legislatura nos encontramos en un periodo preelectoral en el cual es muy
 difícil que el Gobierno alcance a presentar una reforma; sin embargo, 
el ministerio sigue avanzando en la construcción de todos los insumos y 
herramientas técnicas necesarias para fortalecer el sistema de justicia.
¿El problema también podría ser el tipo de juristas que se eligen para las cortes?
Es
 deber de quienes eligen a los magistrados designar a los mejores 
juristas, pero también a los más virtuosos. La condición humana debe ser
 un requisito concomitante al saber. 
¿Sería conveniente elevar por ley la edad mínima de los magistrados?
Sí.
 La magistratura debe ser la cúspide de la carrera de un jurista. Yo soy
 partidario de que aumenten los requisitos de experiencia y de edad. Es 
posible desarrollar mediante ley estatutaria el artículo 232 de la 
Constitución, que plantea requisitos como los 15 años de experiencia y 
que los candidatos a las altas cortes provengan de diferentes orígenes. 
En Estados Unidos, por ejemplo, uno de sus grandes jueces renunció a los
 93 años porque se quedó dormido en una audiencia y le pareció un grave 
acto de irresponsabilidad.
"Las cortes deben estar al margen del clientelismo y de la politiquería"
¿Por qué la Corte Suprema es ahora susceptible a las tentaciones de la corrupción?
La
 administración de justicia no debe ser un poder sino una función 
judicial, de sacerdocio, de entrega. Si se les quitan a las cortes las 
funciones electorales que hoy tienen, podemos volver al aquilatamiento y
 serenidad que tenían los magistrados. Las cortes deben estar al margen 
del clientelismo y de la politiquería.
Como ya no hay tiempo para presentar una reforma, ¿qué podría hacerse?
Pienso
 convocar a la academia, a la sociedad civil, a los centros de 
pensamiento y a la Rama Judicial a un debate para preparar un documento y
 entregarlo al próximo gobierno. Será una especie de hoja de ruta.
¿Cómo evitar que las relaciones del Congreso y los magistrados se corrompan?
La
 corrupción es muy difícil de enfrentar; sin embargo, el sistema debe 
estar en capacidad de identificar fenómenos de corrupción y 
sancionarlos. Se necesita seguir fomentando la transparencia y la 
integridad de los funcionarios públicos. 
A los magistrados acusados los juzga la Comisión de Acusación. ¿Confía en ella?
Aunque
 en el pasado la comisión no ha funcionado conforme a los deberes 
propios en esta materia, esperamos que ante la gravedad de los hechos 
que se debaten se dé una pronta respuesta, respetando todos los 
conductos legales.
Para formar parte del Tribunal de Paz se presentaron como 2.000 aspirantes. El Comité de Escogencia va a elegir a los miembros el 26 de septiembre. Serán prohombres, sin mácula, sin cuestionamientos, sin objeciones en su vida, con gran saber jurídico y que tengan también una gran sensibilidad. Bajo esas condiciones, escoger puede ser fácil.
Bienes de las FarcLas Farc entregaron el inventario definitivo de sus bienes y activos a la Misión de las Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación,
 quienes a su vez se lo entregaron al Ministerio del Interior, que lo 
depositó en un sobre sellado cuya custodia se lleva en una caja fuerte 
bajo la vigilancia de este ministerio. Del inventario se entregaron 
copias a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la JEP.
¿Qué va a pasar con esos bienes?
Serán destinados en su totalidad a la reparación de las víctimas del conflicto a través del Fondo de Víctimas.
¿Pero entregaron un listado, no los bienes?
Entregaron
 un inventario definitivo de bienes y activos, el cual tiene 135 folios,
 bienes sobre los cuales no se aplicará extinción de dominio sino que se
 realizará un proceso especial de normalización de bienes.
Pero, el Fiscal rechaza esta idea...
Sí,
 pues sostiene que en este proceso se debe presentar una extinción de 
dominio a todos los bienes inventariados, tesis con la que estoy en 
desacuerdo. 
¿Por qué razones?
El Gobierno está 
trabajando en la regulación del proceso de normalización de bienes, los 
cuales, a través del Fondo de Víctimas, estarán destinados en el 100 por
 ciento para la reparación de las víctimas. Por el contrario, si 
aplicamos la tesis del Fiscal, los bienes inventariados irían al Fondo 
para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen 
Organizado (Frisco), caso en el cual, de acuerdo con las destinaciones 
específicas previstas para este fondo, solamente se destinaría el 5 por 
ciento para la reparación de las víctimas. El patrimonio autónomo que 
tenemos que constituir recibiría bienes muebles, como dinero o cabezas 
de ganado, a través de un trámite administrativo expedito. En el caso de
 los bienes sujetos a registro, hay que tener en cuenta que las Farc no 
aparecen como propietarios titulares, ni como personas jurídicas porque 
no lo son ni como personas naturales; por ello, en estos casos se va a 
requerir un procedimiento.
Pero, sobre ese punto, las Farc han dicho que casi todos son terrenos baldíos...
Seguramente
 habrá baldíos, pero no sabemos en qué proporción. Pero hay que destacar
 que es la primera vez que un grupo rebelde entrega bienes, porque los 
paramilitares lo que entregaron fue una finca que estaba pignorada.
¿Cuentas en el exterior? 
El
 Gobierno recibió una carpeta de 135 folios donde están relacionando sus
 propiedades. El detalle no lo conozco. Lo que sí haremos es constituir 
un patrimonio autónomo, conformado por todos los bienes y activos 
inventariados, patrimonio que será gobernado por un consejo fiduciario.
¿Quiénes integran ese consejo?
En
 este momento no ha sido integrado. La administración será decidida y 
constituida por el Gobierno Nacional por recomendación de la Comisión de
 Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo 
Final. 
¿Y quién lo administrará?
El Gobierno 
definirá cuál será la entidad idónea para su administración, que entre 
otras cosas se encargará de la monetización de los bienes.
¿Y para qué monetizar?
El Fondo de Víctimas debe contar con bienes y recursos con el objeto de disponer de ellos para la reparación.
¿Qué hay sobre la supuesta excarcelación masiva que se prepara?
En
 primer lugar, tenemos que aclarar que no se trata de ningún tipo de 
excarcelación masiva. En efecto, las leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016 
plantean la posibilidad, para las personas privadas de la libertad en 
virtud de una medida de aseguramiento y no una condena, de que puedan 
solicitar a un juez de control de garantías la revocatoria de esa 
medida, por la prolongación excesiva de esta. 
El año pasado, 
cuando entró en vigencia la primera de estas leyes, algunos alarmaban 
por la salida de cerca de 14.000 personas de las cárceles, pero solo 
salieron 1.277. Han corrido en los medios en el sentido de que ya 
salieron 12.000 más. Si miramos las cifras del Inpec, estas siguen 
inmóviles frente a salidas de sindicados. 
¿Cuál es esa supuesta excarcelación masiva de la que tanto hablan? 
No
 se trata de una excarcelación masiva, porque está precedida de una 
serie de requisitos; es una medida que no opera en forma automática, es a
 petición de parte. Cada caso tiene que ser revisado y decidido por el 
juez; el proceso sigue, no hay suspensión de términos y la investigación
 continúa.
¿Usted qué hubiera hecho si le hacen una propuesta indecente? 
Inmediatamente pongo en conocimiento de las autoridades, porque hacer una propuesta así es un delito.
¿Cuando era presidente del Consejo de Estado conoció a Bustos?
Obviamente conocí a todos los magistrados de las cortes. 
¿Nunca tuvo una idea mala de Bustos, ni de Tarquino ni de Ricaurte?
No, no la tuve. Pero le voy a contestar con una pregunta, ¿Quien va a pecar lleva testigos?
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO